Usar la ley para impedir la justicia

Por Silvia Ribeiro*

Desvío de poder: uso sistemático del aparato y recursos del Estado para beneficiar a poderosos grupos económicos, incluso trasnacionales, en perjuicio de la población por la que debería velar, contra los derechos de los pueblos, la independencia y la soberanía.  Para poder aplicar en todas sus dimensiones ese desvío, a los que protestan y resisten el consecuente despojo, a los que defienden la tierra, el territorio , sus derechos y recursos, se los criminaliza, persigue y encarcela, a menudo inventando acusaciones “legales” por delitos inexistentes.

Así viene sucediendo en México en muchos temas y con cientos de luchadores sociales, sobre todo indígenas y campesinos en defensa de sus territorios, como Mario Luna Romero, vocero de la tribu yaqui,  Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP), Nestora Salgado, comandanta de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Guerrero, entre otros integrantes de sus mismas organizaciones y de muchas otras del país, hoy detenidos, encarcelados o amenazados con órdenes de aprensión. Su delito: defender sus comunidades y territorios, donde en muchos casos estaban desde antes que llegaran los conquistadores.

Mario Luna Romero, Secretario de la Autoridad Tradicional del pueblo yaqui de Vícam, Sonora, fue secuestrado la semana pasada por personas vestidas de civil. Horas más tarde se le encontró detenido y días después se le declaró formal prisión por delitos que no cometió. La verdadera causa de este atropello, que ha levantado innumerables voces de protesta nacionales e internacionales, es que Luna es uno de los voceros del pueblo yaqui contra la construcción del acueducto Independencia, que desvía el agua de sus territorios para alimentar la presa El Novillo en la ciudad de Hermosillo, supuestamente para los habitantes, pero en realidad para diversas industrias contaminantes de Sonora.  El pueblo yaqui ganó jurídicamente, en varias instancias, la lucha contra este  acueducto de 155 kilómetros, pero esto no ha detenido la obra ni el saqueo.

 

Es ilustrativo que el gobernador Guillermo Padres Elías que encarceló a Mario Luna, promueva al mismo tiempo la impunidad de la minera Grupo México, que en agosto de este año causó uno de los mayores desastres ambientales en la historia del país –y del continente–, contaminando gravemente más de 270 kilómetros de los ríos Sonora y Bacanuchi y el arroyo Tinajas con un gigantesco derrame de 40,000 litros de químicos tóxicos, afectando a decenas de miles de personas.

 

Las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui señalan en un comunicado el 16 de septiembre, que se ha evidenciado la colusión  del gobernador con Grupo México y su corresponsabilidad, por negligencia, en este derrame, lo que hace “curioso que esa afectación ambiental, deja como única opción de abastecimiento del vital líquido a Hermosillo, al acueducto Novillo-Hermosillo”.  Entienden que la detención de Mario Luna es un escalamiento del conflicto en este momento clave y lo consideran “una declaración de guerra del gobernador contra la tribu yaqui”. Con la herencia que encarnan de siglos de resistencia contra las invasiones y en defensa de sus territorios y comunidades, afirman “Sabemos que no estamos solos (…) y continuaremos hasta las últimas consecuencias la defensa de nuestra agua y el derecho a la vida”. (Desinformémonos.org)

 

Situaciones como esta, tanto en los ataques como en las resistencias, se multiplican en el país, y se exacerbarán aún más con la reforma energética que privatiza el petróleo y sus leyes secundarias que dan prioridad a las explotaciones energéticas frente a cualquier otra actividad, legalizando el despojo de tierras ejidales y comunitarias por parte de trasnacionales petroleras y otras. En esas mismas leyes se establecen nuevamente mecanismos de desvío de poder: mientras que se otorga a las empresas privadas y trasnacionales el derecho prioritario de ocupar tierras y explotar recursos, quienes se encargarán de hacerlo efectivo por los medios que sean necesarios, son los poderes públicos.

El desvío de poder y lo que significa para los pueblos,  está en el núcleo de la acusación general del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México, contra el estado mexicano. El TPP es un  proceso en el que vienen trabajando miles de personas y cientos de organizaciones sociales y movimientos de todo el país desde 2009. Desde su instalación formal en México en 2011, se han realizado decenas de pre-audiencias y audiencias temáticas por todo el país, sobre devastación ambiental, feminicidios, guerra sucia, violencia contra trabajadores, migrantes, contra el maíz y la soberanía alimentaria, contra comunicadores. Desde agosto y todo septiembre y octubre, se están realizando casi diariamente por todo el país –e incluso con migrantes en Seattle  y Nueva York– foros y audiencias temáticas de cada eje. Se realizó del 19 al 21 la audiencia “Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores”; sesionará del 21 al 23 de septiembre la de “Feminicidio y violencia de género” en Chihuahua; del 25 al 27 de septiembre la audiencia “Guerra Sucia, como Violencia, Impunidad y falta de acceso a la Justicia” en Michoacán, seguida de otras.

Todas estas denuncias, cuidadosamente documentadas, alimentan al gran expediente que se presentará en la audiencia general final el 12-15 de noviembre. (www.tppmexico.org).  Una vía más contra la censura informativa, por la visibilización de los ataques y para afirmar el tejido solidario nacional e internacional.

*investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 20 de septiembre de 2014

 

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